Por Isbel Díaz Torres

Culmina la actual legislatura del parlamento cubano, y la temática referida a la ampliación de derechos de las personas con sexualidades diferentes a la heterosexual, vuelve a quedar fuera del programa legislativo de la isla.

Aunque me indigne, ello en realidad no me sorprende demasiado, si contamos con que la falta de autonomía del parlamento cubano, supeditado a las decisiones del PCC, imposibilita que iniciativas de este tipo sean abiertamente debatidas, y se lleguen a decisiones consensuadas.

El déficit democrático que ha sufrido la nación durante décadas no puede parir otra cosa que arbitrariedades de este tipo, por lo que imagino que sea muy difícil transformar la desprotección que vivimos las personas y familias LGBT, si no se transforma antes el mecanismo general de funcionamiento de las estructuras políticas y de gobierno.

Por supuesto, no es posible esperar a que tales modificaciones tengan lugar primero para después exigir el respeto a nuestros derechos. Ellas no ocurrirán “por obra del espíritu santo”, sino por la labor de socialización y la presión que pueda ejercer la sociedad civil de la que somos parte activa.

Las violaciones cometidas durante el reciente Censo de Población y Viviendas hacia las familias LGBT cubanas anunciaron inequívocamente la poca disposición gubernamental a incluir las transformaciones que requiere nuestra sociedad, a despecho de los valiosos artículos debatidos durante el pasado Congreso del PCC.

Lo que acá se conocen como “los canales correspondientes” han demostrado su ineficacia (o al menos su lentitud), de modo que urge incorporar nuevos caminos, sin renunciar a los ya existentes.

La labor pionera del CENESEX pudiera ser enriquecida con la articulación horizontal de iniciativas autónomas, independientes, que sin el lastre de la “institucionalidad estatal” puedan diáfanamente presentar demandas ante los incumplimientos de los órganos legislativos.

Es ejemplar en ese sentido la declaración del grupo HxD del pasado 12 de mayo, donde se instaba “a la discusión y aprobación por las instancias correspondientes del gobierno de los proyectos de nuevo Código de Familia, de un Decreto Ley sobre la identidad de género, y de cualquier otra norma jurídica que progresivamente incorpore otros derechos, como todas las posibilidades de unión entre parejas del mismo sexo, incluyendo el matrimonio para quienes lo deseen, la adopción y la reproducción para personas homosexuales”.

Por un lado, las Jornadas de lucha contra la Homofobia pudieran también acoger debates críticos acerca de su propia gestión, lo cual sería un momento de oxigenación de sus políticas y procedimientos. No obstante, los colectivos emergentes, sin renunciar a nuestro apoyo y aporte al principal momento de aglutinamiento nacional alrededor de esta temática, no debiéramos limitarnos a esperar esa fecha.

La nueva legislatura debe ser ahora “alfabetizada” nuevamente en estas temáticas, ardua labor que el quinquenio pasado se llevó a cabo con la esperanza que finalmente aprobaran el nuevo Código de Familia, empantanado hace años en los vericuetos burocráticos de la Asamblea Nacional y otras instituciones estatales.

No es posible renunciar a ello, pero es imprescindible socializar los contenidos de esa propuesta legislativa, que la gente vea lo mucho que ganaría con su aprobación, dado que incluye muchas otras modificaciones a favor de las féminas, por ejemplo, y de la familia de modo general.

Sin apoyo popular será imposible. Si insistimos en reafirmar un modelo elitista, donde l@s “especialistas” deciden a espaldas de l@s implicad@s, por justa que sea la propuesta, llevaría en sí el germen del autoritarismo y de la falsa democracia que nos intentan vender los modelos neoliberales.

De modo que esa “alfabetización” no puede ser tan estrictamente informativa, y debiera tener un fuerte componente de presión política.

Los representantes deben rendir cuentas al pueblo gay cubano, y el pueblo gay cubano tiene la responsabilidad de exigirles, de demandar por el respeto a nuestra condición humana.

Para ello, la conformación de una comunidad LGBT crítica, consciente de sus necesidades, es imprescindible, y lo cierto es que no la tenemos. Tampoco, por supuesto, es posible crearla por decreto. Un posible camino podría ser:

• Labor sistemática del activismo.
• Socialización de la valiosa producción intelectual que se ha generado en las últimas décadas, y traducción de esas ideas en proyectos socioculturales palpables.
• Hacer públicas las violaciones cotidianas que sufrimos a través de la prensa (estatal e independiente), y encaminarlas hacia procesos penales ejemplares.
• Hacer énfasis en lo que nos falta, más que autocomplacernos en las batallas ganadas.
• Integrar voluntades con otros proyectos y personas que buscan también su emancipación.

Seguro que se quedan ideas fuera, por suerte. Agenda incompleta es siempre agenda abierta.