Por Rogelio M. Díaz Moreno

En estos días, el sistema nacional de propaganda cubano incluye entre sus contenidos prioritarios la preparación de las condiciones para elegir a los nuevos integrantes del Parlamento nacional, una vez que los actuales diputados concluyan su período de servicio, a fines de este año. Yo, que tanto interés he manifestado en estos líos de asambleas y legislaciones y la administración del poder en nombre del pueblo, me he puesto a meditar sobre qué tipo de candidato me gustaría ver en mi boleta; cuál me convencería de votar para contar con un legítimo representante que defienda mis intereses.

Tengo que confesar que los que culminan ahora sus funciones no me dejaron para nada satisfecho. Como en el refrán del borracho y el bodeguero, yo quería una cosa y ellos me ofrecieron otra. Bien, para eso vienen ahora nuevas elecciones. Espero que nadie me cuestione mi derecho de buscar algún candidato que me represente mejor. El nuevo pretendiente que espere recibir mi voto no tiene que hacer ningún milagro, y voy a volver a asentar aquí los dos o tres temas que, si me promete promover, garantizarán mi sufragio a su favor.

Yo miraré con grandes simpatías al candidato que me manifieste su coincidencia con mi criterio acerca de la importancia de aprobar rápidamente la ley que autorice la formación y funcionamiento de cooperativas en todas las ramas de la economía, conformadas libremente por trabajadores que se agrupen sin más restricciones que las de respetar normas básicas de respeto a la comunidad, el medio ambiente y pagar unos impuestos razonables. Se reforzará mi empatía con el postulante que abogue por acabar de aprobar un código de familia que extienda importantes derechos a una parte preterida de la población, hoy discriminada. Y cuando me digan, finalmente, que no van a dejar pasar ninguna oportunidad de defender una reforma migratoria a tono con los derechos de los seres humanos, ya ese pretendiente puede contar con mi voto en su bolsillo. No quiero más protectores paternalistas, plañendo acerca de lo desgraciado que es el mundo allá afuera y la suerte de tener acá adentro un estado que me proteja: es el puñetero derecho de cada ciudadano decidir dónde prueba fuerzas para vencer o estrellarse en el propósito de ganarse una vida decorosa, y no tener restricciones inicuas que obstaculicen el contacto con sus familiares que no han violado ninguna ley.

Si no cumple con esas promesas después de elegido, obviamente me sentiré decepcionado, pero creo que el acto de tomar en cuenta los anhelos de los electores para hacer campaña ya constituiría un paso de avance significativo. Hasta ahora simplemente me presentan a los candidatos y las biografías de lo que hicieron en el pasado. Esto no brinda suficiente información sobre lo que estas personas desean hacer en el futuro que es lo que me interesa a mí, por lo que prefiero el compromiso establecido en el contacto pre electoral. La fragilidad de las promesas de los funcionarios electivos es un defecto que conocemos de los mecanismos de democracia representativa, pero ese problema y las vías para su superación las podemos tratar en otro momento.

Nos viene a la mente, por cierto, que la aprobación de la Reforma Migratoria nos acercaría más al cumplimiento de importantes compromisos del gobierno cubano, en primera instancia con su propio pueblo, pero también con la comunidad internacional, desde que el pasado 28 de febrero del 2008 se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Este documento reafirma el derecho de los ciudadanos a las libertades de movimiento, expresión, asociación, entre otras. La delegación cubana los suscribió en un favorable escenario internacional, suscitado tras la derrota del intento de los Estados Unidos de condenar a este gobierno por presuntas violaciones de los derechos humanos.

En la declaración que presentó Cuba ante la ONU para manifestar su acuerdo con el Pacto, se destacó que los derechos mencionados constituyen una parte esencial de las conquistas de la Revolución. Como tal, se encuentran protegidos por la Constitución, y las políticas y programas del Estado garantizan su libre ejercicio. En vista de ello, sería de suponer que electores y elegidos debieran propiciar que el gobierno cubano honrase sus obligaciones, y que se condenara como anticubana y contrarrevolucionaria cualquier actitud que desaliente tal propósito.

Finalmente, deseo también que el candidato por el que yo vaya a votar sea capaz de desarrollar planes sagaces para enfrentar el bloqueo o embargo que el gobierno estadounidense aplica a nuestro país con el objetivo de perjudicar nuestra economía, en vez de quejarse lastimosamente cada vez que los perros de la OFAC le llevan una nueva presa a su presidente; que, a la hora de distribuir el presupuesto nacional, opte por desviar los recursos destinados a deportes de poca popularidad y caros insumos, para mejorar en todo lo que se pueda el salario de los trabajadores de salud y educación; que defienda vigorosamente los principios de autogestión y autoorganización de los obreros en las empresas e industrias públicas; que siga el llamado del presidente Raúl Castro a combatir el secretismo en los organismos del Estado y que defienda la posibilidad, para cada ciudadano, de acceder a Internet sin tantas restricciones y sin tener que erogar una semana de salario por navegar una o dos horas en alguno de los contados sitios que brindan el servicio.

El candidato a diputado a la Asamblea Nacional que me presente un programa con los elementos que he esbozado en este escrito, puede tener la certeza de que no le daré la espalda.