Desde APROCAV, (Alianza Proderechos de Castellón, Alicante y Valencia) deseamos comunicar nuestro rechazo absoluto a las medidas prohibicionistas (pretendidamente “abolicionistas”) de la prostitución en carreteras y difusión publicitaria en establecimientos públicos que pretende implementar el PSPV en la Comunidad Valenciana.
Atacar a las trabajadoras sexuales que ejercen en carreteras y otras vías públicas, igual que hace la Ley Mordaza y las ordenanzas municipales en algunas ciudades, es atacar a la población más vulnerable y precarizada dentro del sector.
Por otro lado, prohibir “la difusión en establecimientos de publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo de prostitución” reduce las oportunidades de muchas trabajadoras sexuales que deseen ejercer de forma independiente, y ya se ha puesto en marcha a través de la Ley del Solo Sí es Sí. La prohibición de la publicidad de servicios sexuales conlleva una mayor precarización, quitando independencia a las trabajadoras, al mismo tiempo dando más poder de explotación a clientes y proxenetas, justamente algo que el PSOE dice estar en contra.
Como alianza conformada por trabajadoras sexuales junto con personas y organizaciones aliadas, defendemos los derechos de las personas trabajadoras sexuales a ejercer libremente y con garantía de derechos, y estamos en contra de cualquier tipo de criminalización entorno a la prostitución. Consideramos que de nada sirve que no se penalice directamente a las mujeres que ejercen la prostitución si se criminaliza el entorno de estas. Lejos de lo que defiende la retórica “abolicionista de la prostitución”, este tipo de medidas no acaba con la prostitución, sino que la hace más invisible, conduciendo a quienes la ejercen a mayor clandestinidad, peligrosidad y abusos.
Señalamos, también, que considerar toda la prostitución como violencia es una cuestión puramente ideológica, y que lo único que consigue es sumar a dicha invisibilización. De esta forma se ocultan situaciones reales de violencia y abusos, al tiempo que hace que quienes las sufren tengan aún menos recursos legales para denunciarlas, facilitando así la impunidad de proxenetas y clientes violentos. Esto es lo que está sucediendo en países con políticas supuestamente “abolicionistas” – conocido como modelo nórdico – como Suecia e Irlanda. Mientras no existen estudios ni pruebas que demuestren que criminalizar a los clientes proteja ni beneficie a las trabajadoras sexuales, hay gran cantidad de estudios e investigaciones que demuestran lo contrario: la criminalización de la prostitución siempre resulta en más violencia y precariedad para las trabajadoras sexuales.
Ante las declaraciones de la síndica socialista, Ana Barceló, que dice que “Estamos muy preocupados por los casos de violencia de género que hay y por la desprotección de las mujeres”, desde APROCAV sostenemos que este tipo de medidas exponen a más violencias a las trabajadoras sexuales, en su mayoría mujeres. Por tanto, en un intento de erradicar la prostitución, no solo no se consigue sino que se empeoran las condiciones y abusos e incrementa la desprotección.
Nos resulta muy preocupante, además, que en una sociedad democrática se pretenda pasar medidas como esta sin debate parlamentario ni participación ciudadana. Y aunque desafortunadamente estamos acostumbradas a la falta de consideración de las más afectadas por estas medidas, las trabajadoras sexuales, pedimos que esto cambie de manera urgente. El PSPV habla de una campaña llamada “Las Mujeres Deciden”, pero no quieren dejar a las trabajadoras sexuales decidir.
Pedimos un debate informado, maduro y sosegado sobre la prostitución en nuestro entorno; un debate en el que las trabajadoras sexuales seamos consideradas interlocutoras principales.
Nada por nosotras, sin nosotras.
Clandestinas o con derechos.