Como cada lunes, ayer se concentraron pensionistas y simpatizantes en las capitales de Burgos y de León. Y el 2 de febrero, en toda España, para seguir defendiendo la subida por el IPC que en diciembre eliminó el Gobierno del PSOE.
El pasado día de los Santos Inocentes se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
Si bien es cierto dicho RD tiene cosas buenas, también tiene dos puntos importantes y de transcendental importancia para muchísima gente.
La Ley General de Seguridad Social (artículo 196.2 LGSS) recogía para las Incapacidades Permanentes Totales (IPT) derivadas de una enfermedad común que su cuantía mínima no podía “resultar inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de dieciocho años”, cuya base mínima estaba referenciada al salario mínimo interprofesional (SMI). Lo que supuso en el año 2018 que la pensión mínima se fijase en los 404.77 € por mes y que en éste año 2019 y con la subida del SMI supondría una cuantía de 495 € por mes.
El RD publicado el 28/12/2018 hace desaparecer ese mínimo marcado en la LGSS y establece que, cada año, se determinará la cuantía mínima mediante la LPGE. Es decir: para el año 2019 los trabajadores con IPT tendrán como cuantía mínima 417 € al mes y no los 495 € que les garantizaba la LGSS, suponiendo una pérdida de poder adquisitivo de las personas IPT de unos 78€/mes.
Esta medida ya fue propuesta por el PP cuando estaba en el Gobierno Mariano Rajoy. El PSOE se opuso rotundamente en aquel momento pero ahora ha aprobado la misma medida que rechazó en mayo de 2018.
Ahora, el gobierno del PSOE por un lado ha subido el SMI y por otra hace desaparecer el referencial del SMI para las pensiones por incapacidad permanente
El segundo punto es que dicho RD-Ley prevé la revalorización de las pensiones públicas con arreglo al IPC para el 2019 pero no establece que dicha revalorización se realizará con arreglo al IPC Real por Ley. Además, añade que “En el plazo de seis meses, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para modificar los artículos citados … “ […] “y establecer” […] “un mecanismo de revalorización de las pensiones”.
Con lo que este Gobierno convierte el acuerdo firmado el pasado septiembre en el Marco del Pacto de Toledo, donde se acordó la revalorización de las pensiones por IPC Real, en papel mojado. El gobierno del PSOE vuelve a demorar dicha regulación por Ley a seis meses y además espera conseguir el consentimiento de los agentes sociales para que dicha revalorización no sea con arreglo al IPC Real y sí nuevamente al invento de un nuevo índice de revalorización basada en la evolución de la economía o los salarios o las cotizaciones a la Seguridad Social, que supondría siempre una subida menor.
Por todo ello la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas acordó en su III Asamblea, llevar a cabo concentraciones y manifestaciones en todas las ciudades y pueblos del territorio español para el próximo año, comenzando el día 2 de febrero.