Grupo Concordia
Treinta cubanos residentes en once países de América y Europa dan a conocer su posición en relación con los cambios que requiere urgentemente el país
A tres años de firmada la Declaración de Concordia el 20 de marzo de 2008 por un centenar de cubanos residentes en quince países[1], los firmantes de la presente carta reiteramos los valores contenidos en aquel documento y al mismo tiempo, en vísperas del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba que tomará decisiones que afectarán a todos los cubanos-dentro y fuera de la Isla- por lo que también a todos nos concierne, exponemos, con el derecho que nos otorga nuestra condición de cubanos, y como constancia de que en la Diáspora hubo quienes no callaron a la hora de determinar el destino de la patria, nuestros anhelos para una Cuba mejor:
1. Nos pronunciamos a favor de una economía participativa donde todos los cubanos sean partícipes y beneficiarios. La libre actividad económica independiente, como derecho legítimo de los ciudadanos, debe contar con apoyo crediticio, acceso a suministros de trabajo y amplias libertades para producir y comercializar productos y servicios necesarios a la población con derecho a fijar los precios de acuerdo al mercado. No debe haber límites al enriquecimiento personal gracias al esfuerzo y talento propios, pero sobre todo deben estimularse los proyectos no salariales, como la pequeña propiedad individual y las formas cooperativas y autogestionarias mediante estímulos fiscales y otros medios. Ningún trabajador independiente debe ser obligado a contratar ayudantes asalariados si no los desea. Las cooperativas, ya sean tierras o centros cedidos por el Estado, no deben pagar arriendos como si usufructuaran propiedades ajenas cuando esos trabajadores son parte integrante del pueblo, y estos medios, según definición constitucional vigente (Art. 14), forman parte de “la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción” y por tanto, deben tener derecho a vender sus productos y servicios a quienes decidan y a fijar los precios. Así mismo no puede concebirse como admisible que cualquier extranjero pueda invertir en Cuba mientras este derecho le sea negado a los ciudadanos cubanos o de origen cubano, residan o no en el territorio nacional. Igualmente consideramos erróneo cerrar centros o empresas por no haber sido rentables bajo administraciones burocráticas estatales sin dar la oportunidad a la administración autogestionaria de los trabajadores. Creemos también que redundaría en un gran estímulo productivo hacer partícipe a los empleados de los centros productivos estatales de las decisiones administrativas y de las utilidades.
2. La protección de los trabajadores en una economía participativa sólo puede estar garantizada en los marcos de un estado de derecho que les asegure, tanto a ellos como al resto de los ciudadanos, potestades fundamentales como los derechos laborales, y entre ellos, la libre asociación, en particular la creación de sindicatos que protejan sus intereses frente a los posibles abusos de corporaciones privadas o de administraciones burocráticas del propio Estado, el derecho a la huelga, a las marchas de protesta y a leyes que garanticen la inviolabilidad de la propiedad sobre los medios de producción de los trabajadores independientes. Todas las personas actualmente encarceladas y procesadas por motivos económicos debido a las excesivas regulaciones burocráticas, deben ser indultadas y liberadas y las figuras delictivas que le llevaron a prisión, abolidas del Código Penal.
3. El libre uso de la expresión de las ideas debe ser sagrado, y el respeto a ese derecho, una norma que dignifica la condición humana, diferenciada de las demás especies por el pensamiento articulado mediante la palabra. Nos negamos a aceptar un orden que niegue sistemáticamente ese derecho y el menosprecio de los que piensan diferente. Tan repudiable como discriminar por el color de la piel es discriminar por el color de las ideas. Nadie debe pedir perdón o exigir arrepentimiento por haber defendido una causa que creía o cree justa. Sólo la libre expresión de la diversidad de las perspectivas permite una visión más rica de la realidad y la posibilidad del desarrollo y mejoramiento de la sociedad. Por tanto, todos los centros culturales y medios de difusión, sin excluir teatros, salones, galerías y universidades, deben dar cabida a las distintas manifestaciones del pensamiento filosófico, religioso, artístico y político.
4. Ningún ciudadano, en uso de sus plenas facultades, puede ser coartado en su derecho de libre movimiento, tanto en el territorio nacional, como en el arbitrio de viajar fuera de su país y regresar cuando así lo estime, incluso si decidiera residir permanentemente en el extranjero, sin ser objeto por ello de represalias mediante el escarnio público o el embargo de sus pertenencias, ni puede ser forzado a salir de su país o a ser confinado a lugar alguno del territorio nacional, ni a ser recluido a la fuerza en recintos cerrados sin haber cometido delito alguno, ni enviado a campamentos de trabajo forzado, ni a prestar servicios en campamentos militares en contra de su voluntad. El Servicio Militar Obligatorio deberá ser abolido, así como las condenas por supuesta peligrosidad, y también las onerosas exigencias burocráticas para viajar al exterior, como la llamada tarjeta blanca y las cartas de invitación.
5. Los firmantes reiteran su oposición a un orden donde les sean negados a los ciudadanos cubanos, derechos de los que gozan extranjeros residentes en el país, como el de comprar viviendas y automóviles, o el libre acceso a la información, ya sea mediante la televisión parabólica, el internet u otros medios. Como expresáramos algunos de los firmantes en la Propuesta para una Sociedad Participativa subscrita el 22 de marzo del 2009, es preciso “facilitar el acceso de toda la población a las nuevas tecnologías cibernéticas para que puedan emplearse en el desarrollo de iniciativas económicas y sociales de los ciudadanos, posibilidades que los hará competitivos en una sociedad realmente inclusiva” [2].
6. Los cubanos tienen el derecho, sin interferencias impositivas de ningún partido u órgano superior del Estado, a la elección directa de todos sus representantes, no sólo en los Poderes Populares, sino además, en todos los cargos públicos de máxima responsabilidad de las distintas instancias. Es inaceptable un funcionario público al frente de un municipio, provincia o la nación, sin ser propuesto y elegido por los electores de la basepor voto directo y secreto, ya sea esta base una circunscripción o un centro laboral. La permanencia en estos cargos no puede ser a perpetuidad ni prolongada, sino de períodos limitados y de una sola reelección. No puede concebirse como democrático el sistema de comisiones de candidatura para “depurar” las elecciones hechas por los electores de la base, ni el llamado “voto unido” en el que el electorado no elige sino que se limita a ratificar elecciones ya realizadas a sus espaldas. Tampoco puede haber dualidad de cargos en la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado y de Ministros.
7. Los firmantes exhortan a asumir un espíritu de paz, a renunciar para siempre a la violencia física y verbal, y a fomentar una actitud de fraternidad y concordia. Consideramos los caminos pacíficos como vías para el logro de conquistas sólidas y permanentes, preferentemente el diálogo respetuoso, pero franco. Nos pronunciamos por la reconciliación entre todos los cubanos, a los cuales consideramos una gran familia donde tienen cabida todos los hermanos, piensen como piensen, sean de la raza que sean, hayan nacido donde hayan nacido, del género sexual u orientación sexual que sea. Todos los cubanos encarcelados por motivos políticos deben ser amnistiados, y deben ser abolidas las figuras delictivas que en el Código Penal permitieron estas condenas. La patria está sobre todas las banderas ideológicas, y lo que se impone es la unidad de todos los cubanos para levantar, codo con codo, con un espíritu de concordia, el hogar nacional libre, soberano y próspero.
Dado a los 20 días del mes de marzo de 2011.
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Dora Amador, periodista, Florida, Estados Unidos.
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Guillermo Asper, profesor de Information Systems, Brasil.
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Roland Behar, agente hipotecario, Florida, Estados Unidos.
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Juan Antonio Blanco, analista político, Florida, Estados Unidos.
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Lorenzo Cañizares, sindicalista, Pennsylvania, Estados Unidos.
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Rolando Castañeda, economista, Washington D.C., Estados Unidos.
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Manuel Castro Rodríguez, profesor universitario, Panamá.
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Raúl Colón, editor, periodista y traductor, Canadá.
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Haroldo Dilla Alfonso, sociólogo, República Dominicana.
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Vincent Echave, cirujano y profesor universitario, Canadá.
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Vicente R. Gutiérrez Santos, Director de empresas y analista político, España.
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René Hernández Bequet, sindicalista, Florida, Estados Unidos.
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Ariel Hidalgo, maestro, Florida, Estados Unidos.
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Yankilé Hidalgo Rodríguez, profesora, Ecuador
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Elena Larrinaga, Presidenta de la Federación Española de Asociaciones Cubanas, España.
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Antonio Llaca, médico, Venezuela.
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Gerardo E. Martínez-Solana, economista y politólogo, Florida, Estados Unidos.
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Yvette G. Murphy, abogada, Florida, Estados Unidos
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Oscar Peña, Florida, activista de derechos humanos, Estados Unidos.
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José Prats Sariol, profesor de la Universidad de las Américas, México.
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Carlos Saladrigas, empresario, Florida, Estados Unidos
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Pedro Pérez Castro, sindicalista cubano, Venezuela.
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Ricardo Puerta, Sociólogo, Honduras.
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Miguel Rivero, periodista, Portugal.
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Victoria Rivero Elliott, activista, Florida, USA.
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Augusto Rodríguez, periodista, Florida, Estados Unidos.
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Tomás Rodríguez, profesor, activista político, Florida, USA.
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Alfredo Sánchez, ingeniero civil, Florida, USA.
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Oscar Visiedo, especialista en sistemas de información, Florida, USA.
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Eduardo Zayas-Bazán, profesor y autor, Florida, USA.