Por Ovidio D´Angelo Hernández

I- Preámbulo.-

Los lineamientos constituyen un momento muy esperado por la sociedad cubana. Presentan una visión actual desde diferentes sectores del Estado hacia una “actualización del modelo económico” del país. En este sentido, encajan en una concepción general oficial tradicional de nuestro régimen social, a la vez que abordan algunos aspectos nuevos suplementarios (introducción de formas de propiedad: ampliación del cuentapropismo, cooperativas, etc., flexibilización de la gestión empresarial y otras). Ahora bien, por un lado, se quedan cortos en la visión sociopolítica de futuro sobre el sistema social socialista y, en muchos puntos, los lineamientos son declarativos y no abordan vías posibles de afrontar las dificultades planteadas o nuevas posibles soluciones.

En otro orden de cosas, aunque se quiere poner énfasis en los problemas económicos de importancia vital para el país, al tratarse del Congreso del Partido llama la atención que no se aborden los procesos sociopolíticos fundamentales (Ej.: Relación Estado-Sociedad, Estado-Partido, partido-organizaciones sociales, carácter de las instituciones y mecanismos jurídicos de la democracia socialista en el siglo XXI, democracia partidaria, carácter de la sociedad civil y derechos humanos y sociales, papel de los medios de comunicación en la participación social, etc.).

Si bien la cuestión económica constituye el foco aparente de nuestras dificultades, no es menos cierto que no se pueden analizar fuera del sistema sociopolítico vigente y sus modificaciones se afectan mutuamente, aunque la estrategia de los cambios tenga una secuencia apropiada. Aspectos fundamentales de la reorganización económica pasan por concepciones políticas claves; por ejemplo, la participación de los colectivos de trabajadores (y de las comunidades) en las decisiones económicas, empresariales y de gobierno –lo que implica una reformulación de los procesos de gestión para un nuevo Modo de Producción Socialista, basado en la autogestión empresarial y comunitaria, en articulación con el tcp y otras formas. Ello implica, además, una reformulación del papel de los sindicatos y otras organizaciones populares. De igual manera, hay un énfasis en las posibles soluciones a partir del trabajo por cuenta propia (tcp), mientras que la promoción y organización de cooperativas, como modo democrático de gestión socialista, es relegado a un papel de tercer o cuarto orden.

La estrategia puede ser discutir ahora las complejidades de la economía y después en la Conferencia del Partido los problemas de la organización estatal y política del país, pero en ese caso la conferencia debe ir precedida por un proceso amplio de discusión popular de sus lineamientos.

Por otra parte, todos estos puntos deberían aportar elementos para la renovación de nuestra Constitución Socialista, urgida de modificaciones y actualización, en tiempo cercano.

II- Cuestiones de procedimiento.-

No resulta comprensible, ni coherente, la aprobación el Plan de Desarrollo de la Economía hasta el 2015, por el Consejo de Ministros –sin previa consulta de masas-, cuando se supone que los Lineamientos tracen la política de los próximos años en esta esfera de la economía. De igual manera, ya se están tomando las medidas de racionalización de la economía y el empleo, de carácter drástico y que lastran cualquier actualización posible del modelo, además de crear situaciones sociales tensas y dramáticas en algunos casos, entre otras medidas en aplicación.

Los aspectos mencionados tocan puntos centrales de procedimiento social –que tienen que ver con concepciones sociopolíticas del momento, que deben ser modificados:

-La participación real de las masas en las macro y micro decisiones fundamentales, su consulta y gestión efectiva de las soluciones y su control popular. En temas profundos y delicados como los de los Lineamientos, por ejemplo, un debate abierto y necesario sobre las experiencias y teorías del socialismo debió promoverse por todos los medios, con bastante tiempo de antelación a la discusión de este proceso. El proceso de formación de opiniones no puede ocurrir sólo a partir de la experiencia práctica cotidiana. Además de que su implementación debería ser posterior al proceso de discusión.

-La transformación de la política comunicativa, que asigna un rol extremadamente directivo y conformador de imágenes –a veces irreales- a los medios de comunicación social e impide un real conocimiento e intercambio de las ideas, expectativas y puntos de vista de diferentes sectores de la población sobre los aspectos presentes y proyectivos de nuestra realidad social.

En este sentido resultan alentadoras las referencias y el énfasis del Presidente a la necesidad de la discrepancia y eliminación del secretismo, así como a la crítica de los intereses de la burocracia en la sesión de la Asamblea Nacional, cuestión que no debe quedar en papel mojado.

Parece positivo el énfasis en los mecanismos económicos y de descentralización, en vez de los mecanismos administrativos y la centralización actual. Sin embargo, hay que reflexionar sobre si es prudente derivar hacia un costo social elevado (desempleo, etc.) la solución de los problemas en vez de proceder, de manera gradual, a un reordenamiento basado en la generación de empleos, a partir de fuentes de financiamiento diversas, externas e internas.

III-contribuciones críticas a los lineamientos del modelo económico. Aspectos centrales:

El análisis de causas sobre los problemas actuales, en el documento, no enfoca el impacto de diversas políticas erróneas internas en el campo productivo y social.

Por ejemplo: No se cambió el enfoque inversionista con participación diversificada de capital extranjero y nacional, que hubiera propiciado fuentes de empleo, recursos para modernización de la economía y mejora de los ingresos de la población, en sectores claves como la industria azucarera y otros. El país se movió dentro de un mismo círculo vicioso. Esto se relaciona con otros lineamientos, como el 89. En este punto se requiere dar pasos más audaces de aprovechamiento de las potencialidades internacionales para nuestro desarrollo económico-social.

El tema de las plantillas infladas es algo que se debería enfrentar progresivamente y en la medida n que se generen fuentes de empleo, sin causar desempleo masivo (un mes de sueldo sin alternativas viables, en muchos casos). No es suficiente el enfoque de seguridad social asumido.

Sobre suprimir gratuidades indebidas y subsidios personales excesivos sería imprescindible pasar, de manera gradual y progresiva, a formas de retribución material y estimulación social, a través de formas de propiedad y participación colectiva que estimulen el sentido de pertenencia y decisión democrática de los trabajadores: Autogestión Socialista como modo fundamental de Relaciones de Producción.

El tema de las gratuidades indebidas debería verse en toda su extensión y abarcar lo dañino que resulta –económica e ideológicamente- la existencia de beneficios excesivos a diversos grupos de personas relacionadas con la dirección del país, en vez de ajustarse a los gastos de un salario diferenciado.

Para asegurar que las medidas salariales garanticen que cada cual reciba según su trabajo, y que este genere productos y servicios con calidad, planteado en el lineamiento 156, se requiere una determinada correspondencia con los precios y también está relacionado con las formas de propiedad y política inversionista, en el sentido que planteamos.

El Reglamento General de las Cooperativas, anunciado en el lineamiento 26 como tarea pendiente, debería promover las formas organizativas democráticas de gestión de las cooperativas, su obligación y responsabilidad social, comunitaria y territorial, etc., y destacarlas como forma superior de la autogestión socialista. Además, su vínculo con las formas de poder popular y su rendición social de cuentas, etc. Sería una autonomía socialmente integradora, no a partir de polos económicos aislados.

El lineamiento 169, en este sentido, sobre independizar las distintas formas de cooperativas de la intermediación de las empresas estatales, e introducir de forma gradual las cooperativas integrales de servicios en la actividad agroindustrial a escala local, debería ampliarse a otros sectores productivos, comerciales y de servicios, y no sólo a escala local, sino de uniones de cooperativas, integradas y transversales.

Se debe considerar el vínculo de las diversas formas de propiedad –sobre todo autogestionaria participativa- con la planificación estatal, de manera novedosa y flexible. Debe propiciarse una articulación socialmente adecuada entre la planificación estatal y el mercado.

Estos aspectos aplican a las mayores facultades a Empresas e iniciativas a los Municipios que se apuntan en el documento. Pero requiere considerar un nuevo papel de los municipios con autonomía y financiamiento propio, lo cual está relacionado con nuevas formas de democracia participativa desde las bases. La idea de que las empresas pagarán a los Consejos de la Administración Municipal, donde operan sus establecimientos, un tributo territorial, definido centralmente, para contribuir al desarrollo de la localidad, contenida en el lineamiento 20, requeriría que se crearan las bases para la mayor autonomía financiera y decisoria de la municipalidad. Esto plantea su reorganización democrática social profunda.

Realizar los estudios para la eliminación de la dualidad monetaria, pero sobre todo, solucionar en plazo urgente a partir de generar fuentes de empleo, rentabilidad y niveles de ingreso adecuados, con nuevas formas de asociaciones inversionistas y su mayor amplitud a diversos sectores de la economía. O sea, el discurso apelativo al esfuerzo, el logro de la productividad, etc., debería estar subordinado a políticas económicas y sociales efectivas.

Esto se relaciona con la búsqueda de soluciones a corto plazo, encaminadas a eliminar el déficit de la balanza de pagos, que potencien la generación de ingresos externos y la sustitución de importaciones y, a su vez, den respuesta a los problemas de mayor impacto inmediato en la eficiencia económica, la motivación por el trabajo y la distribución del ingreso, pero esto sólo se logrará cuando nuevas formas de propiedad y producción social creen las condiciones de eficiencia y motivación: Autogestión socialista de la propiedad y política inversionista amplia.

Sería necesario redefinir y diversificar la propiedad estatal como propiedad nacional, transferencia o arriendo a los colectivos, con co-gestión y autogestión de los trabajadores como propietarios reales de los medios de producción. En el lineamiento 2 se plantea la empresa estatal como la forma principal de propiedad nacional. Sin embargo, no se tratan los temas de la autogestión socialista y las cooperativas de nuevo tipo, que deberían ser la forma principal de producción articuladas con la gran producción estatal participativa. Esto responde a las ideas principales de los clásicos del marxismo.

Se necesita reestablecer dos motivaciones fundamentales en los trabajadores: la material –a partir del valor del trabajo expresado en los ingresos- y la moral –a partir de renovación real del espíritu de propietarios sociales y sujetos activos empoderados.

Aunque en el lineamiento 5 se plantea la transformación del sistema de planificación hacia nuevos métodos de elaboración del plan y del control del Estado sobre la economía, en realidad no se especifica la necesidad de que la planificación tiene que convertirse en un real instrumento social, no vertical y centralista, con participación real y protagónica de las masas, con espacio para las iniciativas no previstas. La visión del lineamiento 13 sobre que las empresas deciden y administran su capital de trabajo e inversiones hasta el límite previsto en el plan y según las regulaciones que se establezcan, plantearían la pregunta: ¿Cómo se forma el plan y quienes participan y con que atribuciones?

En el lineamiento 6 se enuncia la separación de las funciones estatales y empresariales, lo que pasará por un proceso paulatino y ordenado: ¿De cuál separación se habla y como participarían los trabajadores y los sindicatos de esta?

De acuerdo al lineamiento 18, las empresas, a partir de las utilidades después de impuestos y cumplidos otros compromisos con el Estado, podrán crear fondos para el desarrollo, las inversiones y la estimulación a los trabajadores, luego de alcanzados los requisitos establecidos. Ahora bien, aquí sería imprescindible el empleo de formas autogestionarias de participación democrática de todos los trabajadores en las decisiones fundamentales de las empresas, de lo contrario se mantendrá esta medida como un procedimiento burocrático. La autogestión socialista, por otra parte, no es sólo autofinanciamiento. Se trata de la participación real de los trabajadores en las decisiones de todo tipo en las empresas: sociales, económicas, etc., y la capacidad de disponer de los recursos, de manera consensuada con los sectores productivos y sociales.

La flexibilidad en la fijación de la política de precios, a que refiere el lineamiento 23 no debería ser un proceso dominado por la tecnocracia, sino democrático con participación de los trabajadores, usuarios y otros actores sociales, en su gestión.

En el lineamiento 41 se plantea garantizar el mantenimiento de una adecuada relación entre la acumulación y el consumo, y definir la tasa de acumulación necesaria, tomando en cuenta el proceso de re-capitalización que requiere la economía. Este es otro punto muy importante. Se necesitaría crear estrategias de acceso a los recursos de capital extranjero, instituciones financieras, capital mixto, arrendamientos a organizaciones extranjeras, etc., como fuente de obtención de capital para inversiones y recursos, con normas flexibles y atractivas y salvaguardando la soberanía nacional en los recursos fundamentales.

Esto tiene que ver con la unificación monetaria, abordada en el lineamiento 54. Para ello es urgente e imprescindible la generación de empleos a través de inversiones de capital internacional, binacional, grannacional –ALBA- y de instituciones financieras, fondos de ayuda a las pyme y cooperativas, etc. Con ello el incremento de la productividad y de la mayor correspondencia entre trabajo-ingresos-precios.

El tema de nuevas modalidades de turismo –lineamiento 239-, plantea diversificar las ofertas complementarias al alojamiento con nuevas opciones que la distingan de la competencia, en materia de marinas, náutica, golf e inmobiliaria, turismo de aventura y naturaleza, parques temáticos, crucerismo, cultura y patrimonio, turismo de salud, entre otras. Si bien estas pudieran ser formas de ingreso para el país, habría que valorar el impacto ambiental-social del turismo de lujo-golf. etc., lo que debe tratarse a través de debate popular.

El sistema impositivo, referido en el lineamiento 57 como que estará basado en los principios de la generalidad y la equidad de la carga tributaria y que se aplicarán mayores gravámenes a los ingresos más altos, para contribuir a atenuar las desigualdades entre los ciudadanos, es un proceso necesario pero no debe ahogar, sino crear estímulos para la producción y los servicios. Lo mismo ocurre con la aplicación de una tarifa eléctrica sin subsidios; no se debe sobrepasar la recargada capacidad de pago en el sector residencial.

De la misma manera la grabación excesiva de las divisas extranjeras, particularmente el dólar, debe ser revisada para propiciar mayores niveles adquisitivos de la población que recibe remesas, se estimule la inversión de sus fondos y la redistribución del circulante, propiciando el mayor esfuerzo de la producción con rentabilidad a partir de sus propios recursos.

En el lineamiento 58, se plantea fomentar la cultura tributaria y la responsabilidad social de la población y entidades del país en el cumplimiento cabal de las obligaciones tributarias, para desarrollar el valor cívico de contribución al sostenimiento de los gastos sociales y altos niveles de disciplina fiscal. Ahora bien, se debería promover, además otras formas directas de responsabilidad empresarial comunitaria, territorial, etc. en vínculos de las empresas con las organizaciones sociales y de poder popular.

En el lineamiento 128, sobre el Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica, se deben incluir los aportes de las ciencias sociales y humanas en el desarrollo económico-social del país, en todos los niveles de organización y gestión, desde el comunitario, local, institucional, territorial, estatal.

Otros aspectos, como el lineamiento 162 sobre la eliminación ordenada de la libreta de abastecimiento, como forma de distribución normada, igualitaria y a precios subsidiados, debe ser subordinado al incremento de los ingresos de la población y al nivel de las compensaciones de sectores desfavorecidos.

Se necesitaría añadir un punto sobre Política migratoria y de viajes al exterior, en el que se aborde el libre tránsito de los cubanos hacia y desde el exterior, tanto por motivos de trabajo como de esparcimiento o familiares, eliminándose las trabas actuales de los permisos de salida, para colocar a los cubanos en la misma posición que los demás ciudadanos del planeta sobre el derecho a viajar libremente. Igualmente, reconocer el carácter no excluyente ni discriminatorio de los cubanos residentes en el exterior.

En resumen, la decisión fundamental es si visualizamos una sociedad principalmente centralizadora desde el Estado, en sus aristas económicas, políticas y sociales o nos dirigimos a una construcción del Estado distribuido con preferencia en la participación protagónica popular y de los actores sociales desde las bases, con mecanismos jurídicos democráticos que lo garanticen.