Por Jorge Luis Alemán*

Desde los clásicos del marxismo hasta hoy, el tema de la participación política es el centro de debates y polémicas interminables. Un rasgo característico de dicha discusión es la conflictiva relación entre democracia socialista y participación ciudadana. Por democracia socialista entendemos una forma de gobierno que se caracteriza por la intervención activa de los ciudadanos en la gestión y dirección del mismo, y por tanto, la participación ciudadana es inherente a esta. Entonces, como en la tradición del pensamiento revolucionario —muchas veces marginado—, entendemos que la democratización de la sociedad debe estar fundamentada en la socialización del poder y la socialización de la propiedad.(1) En otras palabras, descentralización de los espacios de intervención decisorial, a la vez que se descentralizan los medios de producción y reproducción social.

Diversos estudiosos del tema de la descentralización concuerdan en señalar que dicho concepto tiene múltiples alcances, además de encerrar un nivel de ambigüedad bastante grande. Esto está vinculado a las determinadas posturas políticas e ideológicas desde donde se elabora dicha conceptualización. En ese sentido, los especialistas admiten la existencia de dos corrientes principales: el proyecto neoliberal y el proyecto democratizante. (2)

Por el primero se entiende la corriente político-ideológica que enfatiza en los aspectos de la eficiencia privada y en la reducción del sector público, concediendo el papel rector de las políticas públicas a las elites locales. En este sentido, descentralización equivale a reducción de la gestión estatal y el desmantelamiento del Estado de Bienestar a favor de la empresa privada y las trasnacionales.

Por su parte, el proyecto democratizante es aquel que privilegia el equilibrio entre el control social y la democracia efectiva, basado en la activación de un proceso de retroalimentación entre el Estado y la sociedad civil en su conjunto, al mismo tiempo que sienta las bases jurídicas y sociales para establecer una descentralización política y económica a nivel local. Involucra a la vez, las dimensiones política, económica y administrativa de la descentralización.

Desde esta perspectiva, se llama descentralización:

Al mecanismos por el cual un conjunto de funciones y decisiones concentradas en el nivel central se transfieren a unidades de jurisdicción territorial o funcional menores, otorgando un nuevo status jurídico al organismo, de manera que garantice una relativa capacidad de autogestión en la toma de decisiones. (3)

Esta perspectiva dista mucho de las iniciativas locales fomentadas por la dirección del país en algunos municipios de las provincias centrales (Remedios y Caibarién), y que han denominado Proyectos de Desarrollo Local. Este se fundamenta en la generación de alternativas “capaces de aliviar al Estado de la pesada carga que significa el mantenimiento de las finanzas en todo los territorios.” (4) Lo que quiere decir que el Estado es el principal beneficiario de esta idea, y que además, dicho proyecto no tiene como objetivo promover nuevos espacios de autonomía decisorial a nivel local ni posibilitar la descentralización y la autogestión económica, debido a que, su sentido único radica en “otorga[r] un mayor protagonismo a los gobiernos locales en la gestión económica”, (5) y así, dar a estos “una dinámica en función de lo que necesita la gente” (6) y no lo que debiera ser: la dinámica cotidiana de la gente impresa en el aparato jurídico-administrativo y en las estructuras de producción y reproducción económico-social a nivel local.

Son muchos los argumentos a favor de un verdadero proceso de descentralización, estos se basan fundamentalmente en una multiplicidad de factores entrelazados, entre los cuales podemos destacar:

1. Factor económico: Trata de dar solución a la ineficiencia del modelo centralizado en cuanto a la administración y distribución de los escasos recursos destinados al gasto público social.
2. Factor social: En relación con el anterior, desde el punto de vista social, se crearían las condiciones propicias para promover un modelo de desarrollo más equilibrado y más adaptado a las necesidades sociales concretas.
3. Factor político-administrativo: En este sentido, junto a la reducción de la burocratización de la administración pública, se propiciaría la ampliación del ejercicio de los derechos ciudadanos y de la autonomía en la gestión municipal, afianzando un mayor nivel de democracia a través de la participación cotidiana de la ciudadanía en dicha gestión. Por otra parte, se potenciarían los mecanismos que habilitan un uso y distribución más eficiente de los recursos destinados a estas instancias.
4. Factor socioculturales: Implicaría un espacio significativo de consolidación de nuevos sectores económicos y sociales que posibilitarían la formulación de alternativas renovadoras para la gestión pública y la toma de decisiones, así como a nivel de relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía, basado sobre todo, en un incremento cualitativo de la participación de esta última. (7)

A continuación enunciaremos algunos posibles efectos positivos de la descentralización a nivel municipal y local (8), que a nuestro modo de ver, propiciarían un incremento cualitativo de la participación política ciudadana en nuestro contexto nacional.

• Potencia otras formas institucionales de solidaridad y participación colectiva de modo que lo político no se agote en lo estatal, ni lo público en lo gubernamental.
• Aumentaría el nivel de compromiso y de responsabilidad ciudadana en la resolución y gestión de los problemas, en función de sus propios intereses y de su realidad más cercana.
• Las políticas públicas articularían de modo eficaz los intereses de la mayoría, además de atender los particulares y específicos.
• La existencia de espacios viables y diversificados de acción individual, social y política traería consigo un fortalecimiento de la sociedad civil en su conjunto.
• Permitiría un mayor dinamismo social propio de la capacidad de acción de la sociedad civil.
• Al no agotarse las formas de organización en las organizaciones de masas que tienen “sentido global”, propiciarían formas de movilización que combinen globalidad con expresiones de la subjetividad individual.
• Posibilitaría el reconocimiento institucional de una multiplicidad de actores sociales que de otro modo quedan invisibilizados en el complejo entramado social.
• La autonomía a nivel local a través de organizaciones y grupos de base territoriales, consejos vecinales y redes locales harían más efectiva la toma de decisiones a la hora de solucionar los problemas puntuales de una comunidad específica, a la vez que aumentaría la eficacia de la puesta en practica de las soluciones propuestas así como la supervisión y la rendición de cuentas.
• Se ampliaría la capacidad técnica de las asociaciones de carácter territorial, los cuales se convertirían en organismos competentes que desarrollen una efectiva participación en la definición de proyectos y programas para la gestión de los servicios a nivel local.
• Garantizaría un alto nivel de gobernabilidad socio-estatal al ampliar los espacios de representación y socialización de las esferas decisorias y productivas.

La escasa resolución de los problemas planteados por la comunidad en las asambleas, la imposibilidad de ser solucionados a nivel local aún cuando existen los recurso y las fuerzas necesarias, la conciencia de que no hay una participación ciudadana en la gestión y desarrollo de los proyectos que posibilitarían dichas soluciones, y sobre todo, la poca capacidad de gestión, las respuestas evasivas y justificativas, y en muchos casos, el alto grado de ineptitud de los Delegados de circunscripción son algunas las circunstancias que generan dicha actitud inmovilista.

En tal sentido, las consecuencias de la autonomía a nivel local en la efectiva participación política serían inmediatas. Cuando los actores concretos de una comunidad dada puedan articular un grupo de organizaciones con determinado status jurídico, con posibilidades reales para la toma de decisiones, la articulación de políticas públicas de tipo local, el control efectivo de los recursos, de la puesta en marcha de los proyectos y las soluciones determinadas con antelación por ellos mismos, la posibilidad real de destitución de funcionarios locales que no respondan a los intereses de dicha comunidad, etc., los niveles de participación aumentarían considerablemente. Al mismo tiempo, al sentirse parte constituyente, actuante y directa, de la resolución de los problemas puntuales y de la gestión de los mecanismos para dicha resolución, aumentaría también el compromiso y la responsabilidad de dichos actores, ya que los efectos del su inmovilismo e indiferencia, sólo actuaría en contra propia.

Por otra parte, al establecerse el control de los recursos económicos a nivel municipal y al cederle mayor autonomía de gestión al Delegado —posibilidad de hacer convenios con entidades estatales y con particulares, contratar mano de obra local, etc.—, combinado, claro está, con la autonomía decisorial a nivel barrial, muchos de los problemas puntuales de las comunidades podrían ser resueltos sin la tediosa espera de recursos y decisiones de los niveles centrales. Esta consideración no obvia la importancia de las políticas públicas lleva a cabo a nivel nacional. Más bien, repara en la necesidad de combinar ambas lógicas de resolución de los problemas sociales. Desde nuestra perspectiva, esta lógica combinada de resolución de los problemas sociales posibilitaría una mayor integración barrial, un aumento en la conciencia ciudadana y un ampliación de la identificación y responsabilidad social, debido sobre todo a la confianza que generaría en los sujetos involucrados el hecho de que estén jugando un papel central en control de sus vidas y en la solución de sus problemas puntuales. Esta certeza ciudadana generaría un incremento de la participación política, debido a que, como ya hemos dicho, lo político no se agotaría en lo estatal, ni lo público en lo gubernamental. Estas no serían las únicas consecuencias positivas que sobre la participación política, generaría la implementación de un complejo proceso de descentralización, el cual, debe ser adecuado a las condiciones específicas de cada contexto.

Considero que la implementación de un proceso de descentralización, definiría un derrotero de democratización creciente de la sociedad cubana en su conjunto. No hay recetas posibles. Todo proceso socialista debe potenciar la participación cada vez mayor y eficiente de sus ciudadanos con un alto grado de espontaneidad y experimentación. De eso depende, cada día, la legitimidad del proceso revolucionario erigido en nombre de todos y para el bien de todos.

Notas:

1. Jorge Luis Acanda [et alt.]: “Las ideas de libertad, igualdad y democracia en el pensamiento contemporáneo”, en Colectivo de Autores: Último Jueves. Los debates de Temas, Ediciones Unión, La Habana, 2004, p. 116.

2. J. L. Corraggio: “Las dos corrientes de la descentralización en América Latina”, en Cuadernos del CLAEH, n. 56, 1991, p. 74.

3. S. Boisier: “La descentralización un tema difuso y confuso”, citado por Adela Claramunt Abbate: Participación en políticas sociales descentralizadas. El impacto en los actores sociales. Espacio Editorial, Buenos Aires, 2006, p. 59.

4. Freddy Pérez Cabrera: “Hacia un desarrollo local sostenible”, Gramma, viernes, 18 de febrero de 2011, p. 4.

5. 5. Idem.

6. Ib., p. 5.

7. Cf. Adela Claramunt Abbate: op. cit., pp. 49-50.

8. Nuestro análisis esta fundamentado teóricamente en el citado texto de Adela Claramunt Abbate.

(*) Ponencia presentada por Jorge Luis Alemán, miembro de la Cátedra Haydée Santamaría, en el Panel “Desarrollo local: inconexiones y posibilidades”, desarrollado durante el recién concluido V Foro Social Observatorio Crítico, Cocosolo, La Habana, Cuba.