Por Rogelio Manuel Díaz Moreno
Mis elucubraciones no se detienen en mi cabeza, en estos tiempos en los que el término Transición se manifiesta y reproduce intensamente en las arenas de la política nacional. Todavía habrá muchos quebraderos de cabeza que nos darán vueltas en lo que aquilatamos los rayos que nos caen arriba. Los funcionarios que parecen saber lo que hacen, apuntan a que lo fundamental es desatar a las fuerzas productivas, prácticamente a todo costo, mientras otros remarcan la -cada vez más vacía- afirmación de que el movimiento es hacia más socialismo.
Digamos que empiezo por los trabajadores asalariados, esos que queden en las empresas estatales después del fin de la próxima ola de despidos. En estos días, los dirigentes cubanos repiten, nuevamente, las letanías del llamado a nuestras conciencias, aquellas que nos incitan a cuidar cierta “propiedad socialista” que, supuestamente, es de todos y, por lo tanto, también de uno. Cómo puede pertenecer a uno, una empresa, y uno botarse a sí mismo, es algo que escapa a mis cortas entendederas. Y aquellos que mantienen sus puestos, ya se acostumbran a sentir la espada de Damocles del despido como una realidad más de sus vidas -con la mayor autonomía de las direcciones, sumada a la acostumbrada inoperancia de los sindicatos, como facilitador ideal de los recortes. Asimismo, los ya ínfimos niveles de salario van a perder la magra compensación, que con frecuencia se pregona por los oficialistas, de los pocos subsidios que todavía queden en pie. ¿Cómo evitar la obvia enajenación del que malamente vende su fuerza de trabajo al Estado, de igual forma que se hace en el capitalismo a un patrón explotador? No lo creo posible.
Aún más claramente sentirán que viven en el capitalismo, aquellos que trabajen para los flamantes negocios de paladares, los peones de los nuevos hacendados y demás empleados que se contraten con los nuevos empresarios privados, acogidos todos caprichosamente bajo una licencia disparatadamente igualitaria de Trabajador Por Cuenta Propia. Aquí, los empleados carecen naturalmente de algunos de los derechos que resisten en los círculos anteriores, dada la falta de obligación del patrón de otorgar vacaciones, licencias de maternidad, respetar normas anti discriminación y así sucesivamente. El único terreno donde, tal vez, se igualen estas personas, será en el de sentirse ajenos a algún empeño social común, pues: poseen o trabajan para empresas privadas (que pueden quebrar o despedirles)… pagan sus impuestos… reciben algunos servicios sociales a cambio (educación, salud y algunos otros menos connotados); igualito que en España, Argentina, Corea del Sur y los Estados Unidos.
Le doy otra vuelta al asunto y caigo en el tema del fortalecimiento de la institucionalidad, estandarte cimero del actual presidente. Y no puedo menos de pensar, que la principal institución que debe fortalecerse, para construir algo en dirección al socialismo, es la democracia. Muchos sostienen -otros, lo niegan- que el liderato histórico “sentía” de alguna manera la voluntad del pueblo y cumplía con las expectativas de la mayoría. Una manifestación de un millón de personas en la Plaza de la Revolución -cuando aplauden espontáneamente- es una evidencia, por cierto, bastante grande. El movimiento indetenible de la emigración es, por otra parte, una evidencia distinta e indica lagunas en el mecanismo previo –sobre todo cuando muchos de los emigrantes habían participado el día anterior en la manifestación correspondiente. Comoquiera que sea, estamos en la etapa de despedir esa era; si los planes de Raúl Castro están para cumplirse, entraremos en la era de las instituciones. Ahora, ¿qué carisma puede tener una estructura oficial? ¿A quién entusiasma una serie de oficinas con personas dentro?
Una pirámide burocrática empoderada y sostenida por fuerzas armadas, por más que sobresalga en su funcionamiento ordenado, no es definitivamente una buena idea para una sociedad que se propone los ideales del socialismo de libertad, igualdad, solidaridad. Puede ser buena para hacer funcionar cierto modelo… cierto modelo corporativista, economicista, de orden y disciplina. De hecho, ni siquiera a esto se ha llegado todavía, ni tampoco es un ideal como para contemplarse con felicidad. Para convocar como partícipes del empeño nacional a todos los ciudadanos de la nación, las instituciones que administren el poder deben responder a todos los ciudadanos de la nación… Como se ha machacado hasta la saciedad, esto solo se logra con mecanismos electivos, de transparencia y de rendición de cuentas a todos los niveles, tales que fuercen a las figuras correspondientes a responder a todos los ciudadanos de la nación. Para que estos últimos conozcan a quiénes encargar las tareas de dirección, y puedan evaluar cómo lo cumplen, acorralar la corrupción, sanear el ambiente económico, político y social colectivamente… a través de esas instituciones, si se quiere, pero de forma tal que la democracia sea esa suprema institución que ofrecerá la garantía última de soberanía de los intereses del pueblo. Lo argumentado aquí, advierto entre paréntesis, tiene poco que ver, ni aporta, a la discusión bizantina entre la supremacía de un partido político o la pugna con varios.
Estas divagaciones mías las relacionaré ahora con otro asunto, que ha dado muchas vueltas recientemente. Yo no sé si, en el mundo contemporáneo ese de allá afuera, la institución Justicia pueda ser también democrática, en las condiciones que el capitalismo funciona. Es decir, tengo mi opinión, pero como lego en la materia, no viene al caso. La certeza que sí tengo es que, en el socialismo, la Justicia tendrá que ser la institución más democrática que exista, o todo saldrá mal. Solo con democracia se podrá trabajar con verdaderas posibilidades de éxito por el respeto a los derechos de todos los ciudadanxs; proteger a toda persona que enfrente discriminaciones de cualquier tipo; enfrentar y neutralizar la violencia de género, sancionando severamente a lxs responsables y educando a todas las personas en el respeto al prójimo; y, de la misma forma, asegurar las condiciones de plena normalidad para aquellxs que discrepen de lo que estimen (in)conveniente, tal que puedan trabajar por sus ideas dentro de la legalidad y sin agresiones a la integridad o dignidad personal de cualquier ser humano.