Por Gustavo Montenegro
Apenas algunos días después del asesinato del jefe guerrillero Antonio Cano, Colombia volvió a ser conmocionada, esta vez por la muerte de cuatro soldados y policías durante un rescate militar fallido de las Fuerzas Armadas en la selva del Caquetá. Estos se encontraban secuestrados por las Farc, en algunos casos desde hacía más de diez años, y formaban parte del puñado de detenidos que aún retiene la guerrilla y que busca canjear por prisioneros propios. El gobierno acusó a las Farc de fusilar por la espalda a los prisioneros para evitar que estos se fugaran durante el fuego cruzado. Las Farc lo desmintieron en un comunicado posterior. “Denunciamos ante la opinión nacional y mundial que tal hecho obedeció al afán del presidente Santos y el alto mando militar por impedir su inminente liberación” (W Radio, 29/11). Por su parte, la ex senadora Piedad Córdoba, de la ONG Colombianos por la Paz, “contó que el 26 de noviembre, día en que fueron asesinados los cuatro secuestrados, llegó una carta por parte de las Farc en la que, al parecer, se anunciaba la liberación de un grupo de secuestrados” (ídem, 2/12).
El fracaso del “rescate militar” y la crisis de las Farc
Al margen de cómo se desarrollaron efectivamente los acontecimientos de ese día, el impacto nacional que causaron intensificó el debate sobre el desarme de la guerrilla y la liberación de los rehenes. Los familiares de los tres policías asesinados cuestionaron en duros términos al gobierno. “Llevamos cinco años pidiendo por la liberación a través del diálogo y (ahora Santos) nos sale con la entrega de una bandera en la que nos manifiesta que nuestro familiar es héroe de la patria. De nada sirve” (Clarín, 28/11), aseguró la hermana de uno de los asesinados. Pero el gobierno se mostró obstinado en la política de los rescates ‘a sangre y fuego’. “El gobierno ordenará siempre ese tipo de operación cada vez que vea una oportunidad, pues el deber del Estado es proteger a la población” (Clarín, 29/11), justificó el vicepresidente, Angelino Garzón. Santos explota el debilitamiento de las Farc para mostrarse intransigente. Sólo acepta entablar una negociación si son previamente liberados, de modo unilateral, los once prisioneros que quedan. Estima que cada golpe a las Farc le allana las puertas a una reelección. Por eso procuró ponerse a la cabeza de las masivas movilizaciones en todo el país, que incluyeron a todo el arco político (desde el partido de Uribe hasta la alcaldesa de Bogotá, del Polo Democrático), con consignas como “No más Farc” y por la liberación de los detenidos. Continue reading