A puertas cerradas y con oídos sordos

Por Rogelio Manuel Díaz Moreno

Un amigo me ha contado que a un amigo suyo, le contó otro amigo, que cuando los trabajadores del Censo de población que está por realizarse en nuestro país pasen por su vivienda, no va a declarar que posee X artículos ni que se gana cuatro pesos chapeando el jardín de una anciana que vive en su cuadra. Pareciera que el amigo del amigo de mi amigo desconfía de las buenas intenciones y teme que, a los que revelen detalles levemente salidos del tiesto de lo centralmente autorizado y administrado, le vaya a apretar las tuercas.

Un periodista se muestra indignado y pide mano dura contra esos inconscientes que no cooperan lo suficiente en la lucha contra el mosquito aedes aegypti, trasmisor de enfermedades como el dengue. Pareciera que las personas son tan irresponsables que son capaces de arriesgar su salud con tal de evitarse una leve molestia, por lo que necesitan que papá Estado las regañe a ver si se educan.

Estos botones dan fe de una actitud que se resiste, hoy en día, a tener confianza en el estado y sus instituciones, y no digamos ya a cooperar cuando las mismas convocan a empeños de bien común. Y yo me pregunto por qué será.

Se asume que la confianza engendra confianza y que, para esperar sinceridad, se debe ofrecer sinceridad. Pero las fuerzas del orden estatal gustan de solicitar que los ciudadanos se vigilen entre sí y le reporten, a las autoridades superiores, cualquier asunto que constituya una irregularidad. Esto podría ser loable, en todo caso, si se circunscribiera al combate contra crímenes como el narcotráfico o el terrorismo, pero constituye una insoportable violación de la privacidad del individuo en demasiadas otras esferas de la vida, como pueden ser la decisión de acoger o no huéspedes, y otras actividades económicas honradas y de supervivencia básica ante la incapacidad de ganarse una vida decorosa trabajando para el Estado por un salario en moneda nacional ¡por no hablar de la compra de alguna mercancía en el inexorable mercado negro!. Bastante tenemos, piensan algunos, conque lean nuestros correos y escuchen nuestros teléfonos, para creer también que la mano estatal, encargada de perseguir irregularidades, no va a alimentarse con lo que cuantifique la mano censal para quién sabe qué propósitos marrulleros. Para colmo, el estado-gobierno no es nada transparente con sus gestiones y la administración de los recursos provenientes del sudor de los trabajadores, ni gusta de revelar muchas informaciones y datos trascendentales del tipo socio económico, ni a investigadores ni a ciudadanos de a pie, como tuvimos un ejemplo fehaciente en el último censo realizado, a finales de la pasada década.

Por otra parte, para que le abran la puerta a los fumigadores y otros activistas institucionales de la salud, ayudaría que el estado reconociera en los medios de prensa oficiales, con todas sus letras, las situaciones epidemiológicas que haya o no en el país. Si hay dengue, que no se limiten a explicarlo, casi que a sottovoce, en corrillos discretos donde se cita a los vecinos por el CDR y apenas van tres viejitas apuradas porque va a empezar la novela. Que el Granma y demás reconozcan, HAY DENGUE, ES PELIGROSO, HAY QUE ENFRENTARLO. Si hay cólera, que el periódico diga desde que aparece, HAY CÓLERA, en vez de esas notas crípticas que hablan y para eso, con retraso- de un brote de enfermedades diarreicas agudas con lo que el despistado puede pensar que en un cumpleaños repartieron cake en mal estado; luego, con gran reluctancia, reconocen la existencia de un raro bicho, Vibrio cholerae, y no le ponen el nombre en griego porque las prensas no tienen los caracteres del alfabeto helénico. El contraste que existe entre el desganado reconocimiento de situaciones internas y el morbo conque se exaltan las desgracias en el exterior resulta un marco desfavorable para ganar en capacidad de convocatoria, pensamos muchos.

Pero pedir sinceridad y transparencia al aparato estatal es como pedirle peras al olmo. Pareciera que el trabajo de los miembros de aquel consiste en mantener sanas las páginas de los diarios y no nuestros barrios; adjudicarse los méritos de las cosas que salgan bien como dirigentes modelo y culpar al corrupto, apichonado e indisciplinado Liborio por los problemas que existan. De tal suerte, parece poco probable que ambos extremos vayan a intimar el uno con el otro, y que las actividades que dependan de esa confianza mutua vayan a llegar a buen puerto.

Gobierno de Uruguay se propone legalizar la marihuana. Será producida y distribuida por funcionarios públicos.

El gobierno uruguayo presentó al Parlamento un proyecto de ley que prevé la legalización de la marihuana, asumiendo el Estado su producción y distribución, según informó El País.

Inicialmente, la propuesta de legalización fue formulada por el presidente José Mujica, quien desplegó un paquete de 15 medidas para combatir el crimen en las calles de las ciudades uruguayas. Los funcionarios pretenden usar la “hierba” para bajar la criminalidad entre menores, quienes suelen usar drogas más fuertes, particularmente la cocaína. Según estadísticas, uno de cada cuatro delitos es cometido por adolescentes uruguayos en estado de embriaguez o intoxicación narcótica. Según planea el gobierno, la siembra, el cultivo, la elaboración y la distribución de la marihuana serán encargadas a las autoridades del Poder Ejecutivo.

Actualmente el uso de la marihuana no está penalizado en Uruguay, pero su distribución o almacenamiento se castigan con penas de cárcel de hasta seis años. El cáñamo (Cannabis) que contiene moléculas psicoactivas de tetrahidrocannabinol, así como sus derivados narcóticos, están prohibidos por ley en casi todo el mundo. Son excepciones los países donde está permitido cultivar una determinada cantidad o adquirir pequeñas dosis para el consumo personal: Países Bajos, España, Portugal, Chequia. El uso médico de la marihuana se autoriza en Canadá, Israel y algunos estados de EE.UU. y Australia.

Fuente: NewsRu.

Troy Davis y el drama de las ejecuciones en EE.UU.

Por: Redacción BBC Mundo. Jueves, 22 de septiembre de 2011

La imagen se ha vuelto cinematográficamente familiar: un reo, sus familiares y los guardias de una prisión cualquiera de EE.UU. atentos a una llamada telefónica que podría detener la inminente ejecución.

Mientras el reloj señala como se le acaba el tiempo al condenado, a las afueras de la cárcel algunos rezan esperando el perdón. Otros esperan que el cumplimiento de la condena les deje una sensación de justicia cumplida. Es el drama que se ve en películas, como Dead Man Walking de 1995, basada en el libro de la hermana Helen Prejean, en el que se cuenta como fracasan los intentos por lograr la conmutación de la pena a un preso, al que ella creía inocente. Pero no se trata de ficción, es un drama de la vida real que sufren decenas de presos condenados a muerte que han entrando en el tortuoso proceso de apelaciones para revocar las sentencias que los mantienen en el llamado corredor de la muerte.

Esperanza hasta el final

Es difícil de imaginar lo que pasa por la cabeza de una persona que no sabe si seguirá vivo en una, dos, tres horas, al día siguiente, porque espera la palabra de una instancia que pueda salvarlo.

Así sucedió el miércoles con Troy Davis, por cuarta vez en 18 años. Sólo que en esta ocasión los esfuerzos fueron en vano y la decisión salvadora no llegó. Tras serle negada una suspensión de la ejecución el lunes pasado por parte de la Junta de Perdones de Georgia y una doble negativa de la Corte Suprema del estado a reconsiderar el caso, los abogados de Davis acudieron al máximo tribunal del país. La Corte Suprema de Justicia, en Washington, ordenó la postergación de la ejecución mientras consideraba la apelación de último minuto. En 2008 el mismo tribunal mandó que el caso fuera revisado por una corte estatal. Pero cuatro horas después, la Corte informó que negaba la revisión del caso, con lo que se volvía a reactivar el mecanismo de la ejecución.

Davis había rechazado la que sería su última cena, en un gesto cabalístico que los activistas que apoyaban su causa dijeron que le había traído suerte las veces anteriores que estuvo a punto de serle administrada la inyección fatal.

Sin embargo, no hubo una nueva revisión del caso y Davis fue ejecutado a las 11:08 pm hora de Atlanta.

En el corredor de la muerte

En EE.UU. hay 3.251 personas esperando ser ejecutadas. Son los prisioneros que ocupan los llamados corredores de la muerte en cientos de cárceles estatales, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización no gubernamental. Se estima que, en promedio, los presos condenados a la pena máxima pasan 13 años desde el momento que reciben la sentencia hasta que se da el cumplimiento de la misma.

Todo ese tiempo se consume en un engorroso proceso de apelaciones y contra apelaciones, que en algunas ocasiones termina llegando hasta la Corte Suprema de Justicia en Washington. Incluso en los casos en los que han agotado completamente el camino judicial, queda el recurso de recibir un perdón in extremis dado por el gobernador del estado, o mucho menos probablemente, del presidente. De hecho, como dijo este miércoles Jay Carney, el portavoz del presidente Barack Obama, al comentar las solicitudes de clemencia que había recibido la Casa Blanca en el caso de Davis.

"No es apropiado para un presidente de Estados Unidos intervenir en casos específicos como este", sostuvo Carney.

En Washington reconocen cómo los estados defienden celosamente su potestad de administrar sus sistema de justicia, que están sólo supeditados a las decisiones del supremo. Y es por eso es que la llamada esa de último minuto sólo puede provenir de la casa del gobernador local.

Salvados in extremis

Desde que en 1973 se restableció la pena de muerte en EE.UU. 130 condenados han logrado salirse del corredor de la muerte, luego de haber demostrado su inocencia, de acuerdo con datos del Comité Judicial del Congreso estadounidense.

Hasta 1999 el ritmo de exoneraciones era de 3,1 al año, pero desde el 2000 aumentó a las 5 por año, en parte por las mejoras en las técnicas de investigación policial y forense, sobre todo con el creciente empleo del ADN como evidencia. En la última década, el ritmo de condenas a la pena máxima de 315 en 1996 a 112 en 2010, en buena medida, porque los jurados parecen menos dispuestos a castigar con su vida a una persona.

Otro factor son las consideraciones económicas. Por ejemplo en California, el estado con mayor número de personas esperando ejecución, aplicar la pena de muerte cuesta US$114 millones al año más de lo que costaría mantener a esos mismos condenados en prisión de por vida.

Pero, a veces, para las familias de quienes esperan que la ejecución del condenado sea una manera de cerrar su dolor, extender la vida del reo es también un sufrimiento. "Esto me está matando", usando una selección de palabras algo irónica Anneliese MacPhail, la madre del oficial cuando supo de la suspensión temporal ordenada por la Corte Suprema. "Para decir la verdad. No se ya qué esperar", dijo la señora MacPhail.

Campaña mundial

En los 18 años que batalló por revertir la sentencia, el caso de Davis ganó notoriedad internacional: desde el Papa Benedicto XVI hasta el ex presidente estadounidense Jimmy Carter.

La creencia es que Davis fue víctima de un sistema judicial racista cuando lo condenó por el asesinato del policía blanco Mark McPhail en 1989 en Savannah. La evidencia usada en su caso fue circunstancial, no hubo arma ni motivo del crimen e incluso siete de los nueve testigos cambiaron sus versiones tras el juicio.

  • 17 de julio de 2007, la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Georgia suspendió la ejecución 24 horas antes de ser cumplida.
  • 23 de septiembre del 2008, la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. ordenó que se revisara el caso dos horas antes de que se diera la inyección letal.
  • 24 de octubre 2008, una corte federal de apelaciones detuvo la aplicación de la sentencia programada para cumplirse 48 horas después.

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En Estados Unidos los métodos para ejecutar las penas de muerte han cambiado, pero hay una tradición que se mantiene: las últimas palabras.

Davis ejecutado:

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2011/09/110921_eeuu_davis_ejecucion_cch.shtml

Tomado de BBC Mundo: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/09/110921_eeuu_davis_perdon_cch.shtml

El hombre al que miles quieren salvar, morirá hoy

Por: Redacción BBC Mundo. Miércoles, 21 de septiembre de 2011

Tres veces Troy Davis escapó a la sentencia de muerte que le impuso el sistema de justicia del estado de Georgia, en el sureste de Estados Unidos. Pero este miércoles debería ser su último día de vida, castigado por un crimen que asegura no cometió.

El estadounidense de 42 años deberá ser ejecutado, como ordenó hace casi dos décadas un tribunal, por haber matado a un policía en una pelea callejera en Savannah, en 1989. Davis siempre defendió su inocencia. Nunca se encontró el arma de aquel delito. Pero varios testigos sirvieron para ponerlo en el sitio donde murió el oficial Marc McPhail y establecer su culpabilidad. Es uno de los muchos casos basados en "evidencias circunstanciales", que suelen ser muy cuestionados por expertos legales, sobre todo cuando involucran la pena de muerte. Y en este lo es mucho más, porque siete de aquellos nueve testigos se retractaron o cambiaron su opinión. Además, varios de los jurados que lo condenaron inicialmente también cambiaron de parecer y así lo han dicho públicamente. Sin embargo, la ejecución de Davis está pautada para las 7:00 pm (medianoche GMT) del miércoles 21 de septiembre, hora de Atlanta, cuando debe ser aplicada una inyección letal.

Triple cita con la muerte

Davis no ha contado con la suerte que tuvo en tres ocasiones anteriores, cuando el conteo final logró ser detenido en el último momento.

Como el 17 de julio de 2007, cuando la Junta de Perdones y Libertad Condicional de Georgia ordenó la suspensión de la ejecución 24 horas antes de ser cumplida. O el 23 de septiembre del 2008, a dos horas apenas de recibir la inyección letal, cuando la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. tomó la inusual decisión de ordenar que se revisara el caso. Y nuevamente, el 24 de octubre 2008, día una corte federal de apelaciones detuvo el cumplimiento de la sentencia que debió haberse llevado a cabo 48 horas después.

Pero esta vez la Junta no aceptó los pedidos de clemencia. Los funcionarios de la prisión de Jackson, en las afueras de Atlanta, creen que la muerte de Davis es indetenible. El gobernador de Georgia no tiene, como sucede en otros estados, la potestad de parar la ejecución. Sus abogados también reconocen que ya no les queda margen de maniobra, salvo un milagro o una improbable intervención de la Casa Blanca.

El Papa y Jimmy Carter

La causa de Davis ha sido respaldada por las firmas de más de un millón de personas en el mundo entero, según la organización de defensa de derechos humanos, Amnistía Internacional. Nombres célebres como el del Papa Benedicto XVI, el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, se cuentan entre los firmantes. Vigilias y concentraciones en su favor se han escenificado en EE.UU., Europa, América Latina. Si bien no son multitudinarias demuestran un interés global por lo que Richard Dieter, director del Centro de información sobre la Pena de Muerte de EE.UU. considera "el caso de pena capital más grande en al menos diez años".

Negro vs blanco

Algunos señalan lo que describen como la corrupción inherente del sistema de justicia de Georgia, que sin dilaciones culpó a un negro del asesinato del oficial blanco. Sin embargo, en el jurado que sentenció a Davis en 1989 se sentaban siete negros y cinco blancos. Y la actual Junta de Perdones dos de sus cinco miembros son afroamericanos. Pero no se trataría de un asunto de proporcional, sino cultural de un estado en el que hasta hace pocas décadas la segregación racial era política oficial. La única evidencia física que vincula a Davis con el lugar del crimen son unos casquillos de bala pertenecientes a un arma usada horas antes en un robo el que este había participado. El peso del caso estuvo exclusivamente en los testimonios de quienes identificaron a Davis.

Según el Proyecto Inocencia, una organización que trabaja con pruebas de ADN para aclarar casos dudosos, los problemas de identificación de acusados es responsable por el 75% de las sentencias erradas. De esos 273 presos exonerados desde 1990, 17 de ellos estuvieron esperando en el llamado corredor de la muerte un promedio de 13 años. Sólo que en el caso de Davis no hay muestras de ADN con las cuales comparar y saber a ciencia cierta si fue él quien mató a MacPhail.

Castigo merecido

La fiscalía quedó satisfecha con la opinión del juez de distrito William Moore, cuando en junio de 2010 se cumplió con la inusual audiencia ordenada por el Supremo. "Aunque una nueva evidencia arroja alguna mínima duda adicional sobre su sentencia, es mayormente humo y espejos", dijo Moore. La audiencia concluyó que Davis no pudo demostrar su inocencia. Volvió al corredor de la muerte, donde actualmente esperan ejecución 3.251 personas, según datos del departamento de Justicia de EE.UU.

En la acera del frente, la familia del oficial MacPhail, dice querer "cerrar" la herida que dejó la trágica pérdida de Marc. La manera de hacerlo es, para ellos, que se cumpla con la sentencia original. "Eso es lo que queríamos y eso es lo que obtuvimos", dijo Anneliese, la madre del policía asesinado, tras la última decisión de la Junta de Perdones. "Queremos terminar con esto y que él (Davis) reciba su castigo".

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Tomado de BBC Mundo: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/09/110921_eeuu_troy_davis_muerte_cch.shtml