Por Arturo López-Levy, Profesor Adjunto, Josef Korbel School of International Studies, University of Denver.

En la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado año, el representante David Rivera (R-FL) exigió que Wendy Sherman, subsecretaria de Estado para asuntos políticos, revelara si Estados Unidos trató de negociar con La Habana, de alguna manera, una liberación de Alan Gross. Rivera dijo: “Es indignante que la Administración Obama podría estar negociando con un régimen terrorista para liberar a un rehén estadounidense”.

Esa política es correcta: Estados Unidos no debe ceder a las demandas de los terroristas pues solo incentivaría a los mismos a secuestrar otros rehenes. Pero nada de esto tiene que ver con Gross o con Cuba.

Si hubiese una lista de países no democráticos, Cuba debería figurar, pero las referencias de Rivera al terrorismo son una manipulación. El Departamento de Estado no ha registrado una sola acción terrorista patrocinada por Cuba en dos décadas. La semana pasada, La Habana fue sede de otra ronda de negociaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, quien no solo agradeció la facilitación sino también demandó la inclusión cubana en la próxima Cumbre de las Américas. En España, el otro país supuestamente víctima de grupos protegidos por Cuba, ETA se ha desmovilizado y los sucesivos gobiernos socialistas y populares han agradecido a La Habana por recibir a comandos liberados de la organización vasca.

Gross fue detenido en Cuba, no secuestrado. Trabajaba bajo los auspicios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) bajo la sección 109 de la ley Helms-Burton, una ley que ha sido condenada por las Naciones Unidas por violar la soberanía cubana. No es un rehén; Gross es una víctima de cinco décadas de conflicto, atrapado debido a nuestra política de cambio de régimen. Si Washington accediera a negociar con Cuba la libertad de Alan Gross, tal acción no crearía ningún riesgo de secuestro de otros estadounidenses. Cuba no secuestra a turistas norteamericanos, como Hamas y Hezbolá hacen con ciudadanos israelíes con el fin de provocar nuevas negociaciones.

La administración de Obama, repitiendo públicamente que la única opción para resolver el caso Gross es que Cuba le otorgue la libertad “incondicionalmente”, ha rendido la iniciativa política a la derecha cubana. Esas fuerzas, a las que el presidente Obama no les debe nada, pues trataron de evitar su reelección al presentarlo como asociado con Hugo Chávez y Mariela Castro, siguen sin reconocer su propia responsabilidad en el calvario de Gross. La detención de Gross fue una tragedia anunciada en la larga historia de conflictos de Washington con la soberanía cubana, provocada en gran medida por la insistencia de algunos grupos exiliados en mantener la política estadounidense de embargo contra Cuba e imposición de cambio de régimen desde el exterior.

Después de su reelección, el presidente tiene la flexibilidad de la que carecía antes de noviembre. Es tiempo de exigir una negociación que traiga a Alan Gross de vuelta. La acusación de Judy y Alan Gross contra el gobierno estadounidense es una interpelación contra los programas mal diseñados de USAID en Cuba. Si Gross fue desinformado sobre los riesgos que corrió y no se le preparó para enfrentarlos, ¿qué podría decirse de la irresponsabilidad de USAID al imponer riesgos a ciudadanos cubanos, que son usados en esos programas sin dar su consentimiento informado? Es importante pensar con creatividad posibles alternativas, como la transferencia de esos fondos millonarios de la USAID hacia iniciativas menos provocadoras e intrusivas. ¿No sería mejor brindar becas universitarias, o programas orientados al desarrollo económico y la ayuda humanitaria, fuera de toda conexión con la ley Helms-Burton?

Toda solución negociada tiene sus costos pero lo lógico es compararla con las alternativas. En Washington y Miami, el debate es incompleto si los intransigentes no asumen el costo de proponer que el gobierno estadounidense abdique de sus responsabilidades morales y legales con alguien que trabajaba para sus programas de la USAID bajo la ley Helms-Burton. Los sectores opuestos a una negociación han prevalecido sin siquiera explicar los beneficios, costos e incertidumbres del curso de acción que proponen. Es tiempo que expliquen a Judy Gross que su propuesta equivale a dejar a su marido tras las rejas por cuatro años y más.

El día que exista voluntad política en Washington y La Habana para resolver los problemas estructurales de la relación bilateral entre los dos países, resolverán con creatividad el caso Gross. Por eso el peor escenario es la ausencia de conversaciones sobre temas de interés mutuo. En La Habana también deben pensar. Nada sería peor que perder cuatro años de un segundo mandato de Obama, sin promover una relación menos conflictiva de Cuba con EEUU. No ayudaría al interés nacional cubano ni a la situación de los agentes que queden sin expirar sus condenas en 2016.

Tomado de El Nuevo Herald