Por Armando Chaguaceda
El fin de semana conocí –de la mano de un amigo residente en la isla- una declaración pública (también en Havana Times) firmada por varias colegas de la UNEAC, alertando sobre la necesidad de combatir la violencia contra la mujer. En el texto se alude, como ejemplo de este detestable mal, al caso del escritor Ángel Santiesteban, acusado y encarcelado bajo cargos de maltratos a su esposa. En dicho documento, las firmantes asumen plenamente -a partir de su amistad y conocimiento de la cónyugue agraviada- la culpabilidad del creador y, además, hacen patente su rechazo a las posturas de solidaridad expresadas para con este.
Pocas horas después de leer el documento, sostuve -vía correo electrónico- un franco y respetuoso intercambio con una de las promotoras, alguien a quien -aprovecho para enfatizarlo- reconozco como una persona honesta, cuya decencia y valía profesional respeto.
En lo personal, estoy 100 % de acuerdo con que se proteste y actúe contra toda forma de violencia, provenga esta de un escritor que maltrate a su mujer, de turbas que maltratan a mujeres en la calle o de países que invaden a otros violando su soberanía con mil y un pretextos espurios. Y así lo he hecho saber en varios artículos y pronunciamientos públicos, suscritos de forma individual o en acciones colectivas concertadas junto a compañeros del Observatorio Crítico.
Lo que sucede es que, en el caso que concretamente se alude, hay demasiadas visiones encontradas de los involucrados -incluyendo gente que se desdice en el proceso acusatorio- a lo que hay que añadir diversas pruebas (gráficas, videos, de expertos) que aluden a malos procedimientos en el proceso, elementos que en todo caso implicarían la necesidad de repetirlo. Como dije en un post anterior: no se trata de asumir a priori la inocencia del escritor o defender sin reservas que estamos ante una causa del fuero común manipulada por motivos políticos. Y si a alguien le parece inédito este reclamo, quiero destacar que de asuntos de similar gravedad -y de su resolución conforme a derecho- existen ejemplos recientes.
En México, la ciudadana francesa Florence Cassez fue detenida durante varios años como presunta secuestradora, y cuando se probó que el proceso tenía fallas y mañas quedó excarcelada, aun cuando también existían amplias sospechas -y también personas agraviadas y supuestas pruebas- de su culpabilidad.
Lo que en el caso que confronta a Santiesteban y su ex pareja se impone es el mandato de que no quede un abusador impune (si el acusado lo fuese) ni que los déficits del proceso se cobren una nueva víctima (en caso que fuese inocente). Sin confiar, ciegamente, en nuestra vocación de solidaridad gremial –con el artista- o de género –con su compañera- que muchas personas loablemente tendrán.
Si en el caso ha habido errores de procedimiento que ameritan otro juicio, esto es algo que debería interesar a todas las partes implicadas. Pues, si mañana se confirman las sospechas de que funcionarios metieron la mano en el proceso ¿no se cruzarán entonces las víctimas y victimarios? Y, en lo relacionado a esta iniciativa ¿no caerán, bajo fuego cruzado, las actitudes de quienes se han solidarizado con una supuesta víctima -su esposa- cuando también hay otra supuesta víctima – el escritor- presumiblemente afectado por una política de estado?
Paso a un segundo tema, de más largo aliento. El documento -que consideré originalmente un texto leído en una actividad y no algo escrito para publicitarse, como posteriormente corroboré en varios sitios oficiales- tiene todas las connotaciones del tipo de documento (manifiesto, declaración, etc.) que hacen los intelectuales públicos. Porque las firmantes no se limitan a expresar su solidaridad puntual con una amiga agredida, sino que adelantan loables conclusiones generales sobre la violencia, la necesidad de rechazarla, etc. Y es justo ahí cuando, al sólo mencionar una parte de nuestra realidad cotidiana y conocida, la iniciativa peca por sesgo.
Si algo he aprendido con mis amigas feministas es que lo personal es político. [i]Y si es una postura (y decisión) personal de las firmantes hayan puesto como ejemplo el caso de Ángel, también lo es que –como señalan varias voces críticas- en esta declaración sus promotoras hayan omitido pronunciarse sobre la violencia institucional, sistemática y colectiva que se ejerce sobre aquellas mujeres opositoras que, semana tras semana, marchan por calles habaneras reclamando pacíficamente por sus derechos y los de otros.[ii] O sobre los conocidos y reiterados casos de manoseo y maltrato a las jóvenes que se prostituyen en Malecón, cometidos por agentes y oficiales de policía corruptos. Pues al abordar el asunto de fondo (la manifestación de rechazo a toda violencia) invocar un ejemplo concreto sin aludir también a otros atropellos a la integridad física y moral de mujeres introduce cuando menos, un sesgo desbalanceado. Sobre todo cuando las pruebas de golpizas y maltratos a estas últimas son públicas y notorias. Se puede estar o no de acuerdo con las posturas personales de estas féminas, pero no creo que nadie decente pueda avalar que a una mujer le caigan encima turbas violentas o le violenten su dignidad sin posibilidades de recibir, frente a agentes del orden, el reconocimiento y la defensa adecuados. Sobre el asunto hay demasiados testimonios orales, escritos y gráficos como para que las firmantes no sepan nada.
Por demás, el anuncio de las firmantes sobre el impulso a una legislación de género y el seguimiento que darán a los problemas de las féminas cubanas no es sino una iniciativa loable que todos debemos acompañar.
En lo adelante, si una iniciativa como esta quiere llegar a buen puerto deberá dar seguimiento, asesoría y acompañamiento a todas las víctimas femeninas de violencia, personal o institucional: sean estas esposas de escritores, disidentes de sexo femenino o mujeres de los sectores populares que ven sus derechos lesionados por sus pares masculinos. Para que no suceda como ciertas modas promotoras de “cultura de paz” -impulsadas por varias ONGs cubanas- donde se reconocen la violencia hogareña y comunitaria mientras se ignoran las múltiples formas de violencia (no únicamente física) de los funcionarios contra la ciudadanía.
Al final, parece que en este caso estamos frente a un terreno minado, con diversos tipos y grados de prácticas de dominación que se superponen. Y hay que hablar alto y claro de todas, sin privilegiar alguna o ignorar otra.
Cuando se conoce un poco de la historia del feminismo, se sabe que en las luchas concretas (por el cuerpo y los derechos) se han cruzado y solidarizado todas las perspectivas, amén de sus ideologías. Y si el régimen político y las prácticas sociales vigentes en nuestro país (y los que vendrán bajo una previsible restauración capitalista) son cada vez más machistas, autoritarios y mercantilizadores de la vida humana. Creo que las feministas tienen ante sí un gran trabajo por delante en la Cuba del presente y, aun mas, en el futuro. Porque las grandes conquistas sociales –de igualdad legal, ascenso social, emancipación personal- alcanzadas dentro del proceso revolucionario parecen estar cada vez más asediadas por las crecientes desigualdades asociadas al mercado y por el avance de pensamientos y actitudes conservadoras como las que hablan de educación religiosa y restricciones al aborto, que ya comienzan a asomar su oreja peluda. Cualquier feminista sabe que no se puede diferenciar lo simbólico de lo concreto, la emancipación de género de la liberación política, la lucha por la equidad y la democracia entre los géneros de la lucha por una democracia política para tod@s. Y que la relación de lo personal y lo político es uno de los fundamentos del discurso y lucha feministas, que no admite sesgos. O se asume de una vez y sin distingos o se hipotecan las luchas por venir.
[i] Al respecto tengo mucho que agradecer a lo aprendido con mis amigas del movimiento de mujeres nicaragüense, cuya experiencia abordé en un texto reciente: “El movimiento de mujeres y las luchas sociales por la democratización en la Nicaragua postrevolucionaria (1990-2010)”, pp. 39-62, revista Encuentro, Universidad Centroamericana, no 89, Managua, 2011.
[ii] Las cuales – por los problemas de transporte, comunicación y de “luchar” con la vida cotidiana que afectan a nuestros conciudadanos- sabemos que no son, en lo fundamental, obra de la espontaneidad de la gente. Porque qué ciudadano común –o, más aun, que masa de estos- puede dedicar tiempo y energías a moverse de tal a mascual punto de la ciudad para un acto de repudio si no es mediante una expresa decisión y con recursos del estado?
Publicado en Havana Times
