Por Armando Chaguaceda
Hace días, sostuve con algunos amigos un cruce de mensajes en torno a la difícil situación del escritor cubano Ángel Santiesteban. Reconocido escritor –laureado y publicado hasta que su creciente beligerancia antigubernamental le confinara al ostracismo- Santiesteban vive los últimos momentos de un largo proceso judicial, pendiendo sobre su cabeza una condena de cinco años de cárcel por el supuesto delito de violencia conyugal.[1] Agotadas las instancias –el Tribunal Supremo apoyó la medida del fiscal- al autor solo le resta esperar el fatídico aviso. En ese debate, si bien existía consenso en repudiar cualquier manipulación política del caso, algunos amigos argumentaron reservas ante la posibilidad de “parir” una declaración solidaria.
La razón de tal cautela, en personas que otras veces han firmado – con todo el riesgo y decoro que tal postura implica- documentos de denuncia contra actos represivos cometidos por funcionarios cubanos, era la sospecha de que la acusación tuviera algún basamento real y que el escritor hubiera ejercido violencia sobre su esposa. Y en Cuba, como todos saben, nos enseñan desde chiquitos que “a las niñas no se les da”.
Así, un colega remata para calzar su duda: “el tipo dice que es falso. Y porque él lo dice ¿lo tengo que creer? La mujer dice que es cierto. ¿Por qué no le voy a creer a ella? Ah, que los testigos se echan para atrás y para alante. O sea que no puedo poner la mano en el fuego por nadie. Por favor si alguien sabe la manera de conocer bien los hechos, con algún nivel de certeza, lo comparta cuanto antes”. Otro amigo me advierte del fiasco del caso Bejerano, cuando algunos creadores cubanos apostaron a la inocencia del pintor acusado de actos lascivos contra un menor, cargos que, a la postre, reconoció en una aparente negociación con la justicia de la Florida. Y son precisamente estas alertas, nacidas de las dudas legítimas de gente decente, las que se confrontan con las mías, me conducen al final del callejón sin salida de las culpas y confianzas, para examinar el trasfondo legal del proceso.
Con un cúmulo de contradicciones, pruebas endebles y testimonios dudosos cualquier juez serio e imparcial archivaría o, en el peor de los casos, convocaría una revisión exhaustiva del caso para repetir la investigación y juicio en mejores condiciones. Y si Santiesteban fuese realmente culpable, que purgue su condena; en caso contrario que quede inmediatamente libre de cargos y limpia su imagen pública.
El problema es que en Cuba, en ausencia de un Estado de Derecho -y de las instituciones y garantías que le dan cuerpo-, cualquier acto ilegal, real o fabricado, puede adquirir dimensiones y connotaciones insospechadas, en detrimento del emplazado, si este tiene deudas pendientes con “el sistema”. En idéntico contexto, una violación de la ley cometida por un funcionario puede quedar en la impunidad o recibir una disminuida condena, como atestiguan los casos de abuso y corrupción policiales -denunciados en estas mismas páginas- o los atentados contra la integridad física de personas vulnerables, como fue el caso de los muertos en Mazorra, víctimas de la irresponsabilidad administrativa y la insensibilidad humana. Así, creo que el problema no radica sólo- ni siquiera fundamentalmente- en la persistente insolidaridad que corroe a la intelectualidad y esfera pública cubanas; actitud que genera parálisis cívica y consagra el monopolio –legal o espurio- de la violencia estatal.
En un caso como el de Ángel, los errores son tantos y tan graves que simplemente ameritan un nuevo proceso o la clausura definitiva del presente.
[1] Para ver la visión del acusado –y pruebas esgrimidas para calzar su inocencia- acceder a http://loshijosquenadiequiso.blogspot.com/
Publicado en Havana Times
