Por: Félix Sautié Mederos

El problema de la corrupción se ha convertido en un tema recurrente en los análisis e intervenciones oficiales en Cuba, incrementado con mucha intensidad en los últimos tiempos. Anteriormente era un tabú que de tan solo mencionarlo podría incurrirse en sanciones como sucedió con un importante ejemplo que se hizo público y que tuvo que ser rectificado, pero en los actuales momentos se encuentra presente en los primeros planos de todos los medios informativos locales; en tanto que en los sistemas alternativos y colelaterales de información, una de las más reiteradas preocupaciones está referida a las prohibiciones absurdas que subsisten en la política migratoria cubana, que cada vez se hace más obsoleta y que hiere profundamente a las familias asentadas adentro y afuera de nuestras fronteras.

Estas situaciones crean un contrapunteo muy significativo que marca profundas brechas de desesperanzas en el pueblo; que en cambio, constantemente se ve culpado por la denominada “falta de disciplina” según los planteamientos oficiales que, además, poco se refieren a las responsabilidades gubernamentales por el descontrol, así como a los énfasis a favor de la autoridad de las entidades y empresas por sobre las personas, muy en especial las entidades que tienen que ver con la atención al público. Si durante muchos años se ha privilegiado la autoridad de la burocracia por encima de las personas y establecida centro de la sociedad; ahora es muy difícil controlar sus desvíos, sus excesos de autoritarismos y sus desmanes de corrupción, porque como dice el refrán “Cría cuervos y te sacarán los ojos”.

La población en realidad se encuentra en estado de indefensión ante un sistema de instituciones, entidades, empresas y funcionarios estatales todo poderosos, en los que prima su autoridad e incluso ponen en práctica un sutil y un muy ocasionalmente reiterado maltrato hacia el ciudadano, quien se ve desprovisto de mecanismos accesibles y ágiles para hacer valer su derecho a que lo traten correctamente o que atiendan su problema con eficiencia, incluida la necesaria prontitud requerida, porque los medios que existen para ello casi siempre son tan complicados y demorados, que casi nunca ofrecen a tiempo una solución adecuada.

Últimamente en la prensa local aparecen reflejadas con cierta frecuencia las quejas de la población cansada de no ser oída en relación con los problemas a que me refiero; las que recogen y publican algunos periodistas como el conocido José Alejandro Rodríguez en Juventud Rebelde y en el Canal Habana de nuestra capital, en mi opinión el que más se destaca al respecto con mucho valor personal y objetividad profesional; así como en las cartas que el periódico Granma ha comenzado a publicar cada viernes. En consecuencia, considero que no habría que escarbar mucho para corroborar lo que estoy planteando sobre el estado de indefensión popular ante una burocracia corrupta y esquemática.
Personalmente apoyo la ejecución de una política de tolerancia cero hacia la corrupción y que se realicen todos los controles y auditorias que sean necesarios. Muy especialmente me solidarizo con la gestión de la Controlaría General de la República en estos afanes. Pero en paralelo, pienso que esos problemas no podrán ser resueltos en definitiva, si no se realizan radicales cambios institucionales e incluso de cuadros. Sobre todo si no se pone a la persona al centro de la sociedad en un transparente estado de derecho que se reconozca sin ambages y se aplique a plenitud; pudiendo además la población plantear una querella directa ante los tribunales a quienes no cumplan con sus responsabilidades y dañen al pueblo durante el ejercicio de sus cargos. El Estado, si no tiene en cuenta un respeto máximo a la persona como centro de la sociedad, ni se apoya en el estricto cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos, muy difícilmente podrá vencer a la corrupción burocrática desarrollada al amparo de los privilegios y permisibilidades con que ha contado e incluso aún cuenta en el presente.

Es una cuestión de fondo, diría yo que de vida o muerte, que no se debería dilatar más. Por otra parte, hay problemas que afronta el pueblo, los que parafraseando una estrofa de una muy popular canción sobre La Habana, no aguantan más; porque la población para sentirse verdaderamente tomada en cuenta en las reformas y cambios que se han planteado, requiere imprescindiblemente disponer de las más plenas libertades de expresión, asociación, movimientos, reencuentros, así como de accesos a los medios de comunicación tales como Internet y las redes sociales para una comunicación e información en tiempo real, de acuerdo con los avances tecnológicos vigentes en el mundo de hoy, en los cuales los cubanos nos encontramos retrasados y preteridos por causa de las prohibiciones absurdas aún vigentes en la actualidad.

La política de “plaza sitiada” afecta seriamente a la población que se plantea defender y deviene un muy importante factor desencadenante de la desesperanza, el hastío y el desinterés de las personas. Sin la más consciente participación popular no se podrá vencer a la corrupción y a otros males que dañan la gobernabilidad; y si no se toman en cuenta sus derechos inalienables y preocupaciones esenciales, aumentarán la indefensión generalizada y se continuará hiriendo los sentimientos más íntimos del pueblo.
Hay temas como el migratorio o el del libre acceso a Internet, que no se le deberían dar más largas, ni seguir hablando de debates internos o estudios que nunca terminan, en mi opinión deben ser resueltos integralmente ¡ya!, sin más dilaciones. Así lo pienso y así lo afirmo con todo respeto para las opiniones diferentes, en aras del diálogo y el debate de los muchos problemas que nos aquejan en los que tampoco se debería matar al mensajero como respuesta oficial. fsautie@yahoo.com.

Publicado en Por Esto! el lunes 21 de mayo del 2012. http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=167859